Los ciudadanos españoles hemos asistido, algo atónitos, a ver al Ministro de Justicia dirigir personalmente los detalles de una negociación sindical. Se supone que los cuadros directivos del Ministerio, ninguneados por el Sr. Ministro habrán presentado su dimisión…
Pero lo más divertido del asunto, si se me permite la expresión, es que los huelguistas han podido mantener la huelga durante dos meses porque el Ministerio no ha cumplido con sus obligaciones empresariales y no les ha descontado el salario de los días en que han estado de huelga.
¡Por favor! Los ciudadanos estamos hartos de pagar con nuestros impuestos una administración ineficiente, irresponsable y que, además, se trata de una administración enferma: Los datos que se filtran sobre el absentismo de nuestros empleados públicos superan el 20%. Eso quiere decir que el trabajo que se les paga a cinco lo hacen cuatro, tan sencillo cómo eso.
- Además, dada la tradicional generosidad de los políticos con el dinero que no es suyo, la jornada laboral de los servidores públicos es lo mínimo para que no se aburran:
Valga de muestra la jornada laboral de los funcionarios y laborales de la Comunidad de Madrid: 218 jornadas, a razón de 7 horas brutas por jornada (hay un descanso reglado de 30 minutos) nos da la cantidad de 1.526 horas anuales, 300 horas menos que la jornada legal en España y 200 horas menos que la mayoría de los convenios de grandes empresas.
Estoy seguro que los políticos que tan generosos son con nuestro dinero no lo son tanto en sus actividades personales y privadas.
Mientras tanto, es un lugar común en los medios de comunicación que los servicios públicos solo se pueden mejorar inyectando más dinero en ellos, sin que nadie se pare a pensar en las obvias medidas de gestión que demanda a gritos.
Cuando en otros países europeos se habla de trabajar más, de extender la vida laboral más allá de los 65 años, parece que eso no va con nosotros, sobre todo si tuvimos la fortuna de entrar a trabajar en el ámbito del sector público, sin que quepa encontrar distinciones ni entre los partidos ni entre las distintas administraciones, de izquierdas o derechas, locales, regionales o nacionales.


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