Un modesto ejemplo del funcionamiento de la administración de justicia en España

Lo que sigue es un ejemplo verídico del funcionamiento del sistema de administración de justicia en nuestro país. Voy a intentar ser lo más fiel posible a los hechos dejando a los lectores cualquier interpretación.

Urgido por la burocracia del Parlamento Europeo, tenía que solicitar un certificado de antecedentes penales en el Ministerio de Justicia.

Entré en su página web, con la ilusión de que la Administración electrónica ya estuviera implantada en ese Ministerio y poder utilizar mi flamante DNI electrónico. No es sencillo encontrar el formulario, que tiene un nombre burocrático: “Modelo 790” y me encontré con que la posibilidad de descargarlo por Internet y abonar el importe de la tasa correspondiente no funcionaba correctamente, al menos en cuatro ocasiones.

La tasa es de 3,40 € (no hay errata, es cierto).

Como vivo en Madrid, decidí desplazarme en persona a solicitarlo, y esta es la historia:

1. La oficina de esos certificados está en un lateral del Ministerio de Justicia, en la calle de la Manzana. Una vez franqueada la seguridad (un vigilante y el correspondiente arco detector y escáner) me dirigí a la ventanilla que decía “impresos para certificados de penales.
2. Una funcionaria me explicó el procedimiento y me dio el impreso, que debía rellenar y, una vez relleno, proceder a pagar la tasa (1 persona). La funcionaria no supo aclararme si podrían enviarme el certificado por correo, ya que el mío exigía un trámite adicional. Total una persona y tres minutos.
3. Una vez rellenado el famoso impreso 790, regresé a la zona de ventanillas, a una que ponía “banco” donde un señor (que no debía ser funcionario del Ministerio, porque llevaba una identificación con una C (imagino que de contrata) me cobró el importe de la tasa (3,40 €), me selló los documentos y se quedó con una copia del modelo 790. El sello dice “Banco Español de Crédito, Oficina San Bernardo, Madrid”. Una persona, 1 minuto.
4. Con los restos del modelo 790 me dirigí a la tercera ventanilla, en la que un funcionario tomó razón de mi DNI, introdujo los datos en un terminal informático y, a requerimiento mío, tomó nota de mi dirección postal para remitirme el certificado por correo. Total una persona y cuatro minutos.
5. En caso de que hubiera preferido recoger el certificado en mano, habría podido regresar al día siguiente y previa entrega de un resguardo otro funcionario me lo hubiera entregado. Total una persona, tres minutos (a tenor de lo que pude comprobar).

Si los funcionarios españoles quieren estudiar un caso obvio de reforma administrativa, de las pequeñitas, de las que sirven para aliviar la burocracia y la vida de los ciudadanos así como a dar un mejor uso a los trabajadores públicos (y de Banesto, por cierto) les cedo muy gustoso esta relación con la esperanza de que les aproveche. Tan sólo me gustaría conocer el coste administrativo asociado a la recaudación de la tasa, con objeto de analizar la rentabilidad de la misma…